Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la minería ilegal podría inyectar hasta 12 000 millones de dólares en la próxima campaña electoral. Este flujo de dinero provendría de actividades vinculadas al oro extraído fuera del marco legal, aprovechando la débil fiscalización y la falta de control sobre el comercio del mineral.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó que algunos partidos políticos tendrían nexos con gremios mineros informales, respaldando la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y recibiendo apoyo económico de dirigentes vinculados a esta actividad ilícita. Estas relaciones representarían un serio riesgo de infiltración de dinero ilegal en la política nacional.
Frente a ello, la SNMPE propuso un pacto ético para impedir que los partidos reciban aportes del sector minero ilegal. Sin embargo, hasta la fecha solo cinco organizaciones y una alianza política han firmado el compromiso, lo que genera preocupación ante el riesgo de que la campaña del 2026 esté marcada por la influencia del dinero ilícito.
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