El Gobierno alista la salida de Iván Paredes Yataco, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en medio de una serie de cuestionamientos por presuntos actos irregulares dentro del sistema penitenciario. La decisión forma parte de una reorganización integral que el Ejecutivo incluirá en el paquete de facultades legislativas solicitadas al Congreso, según confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
De acuerdo con el premier, los ministerios del Interior y Defensa han elaborado un informe con funcionarios que podrían ser removidos, tras las recientes intervenciones en penales donde se detectaron estructuras criminales y tras la difusión de audios en los que se escucha a una persona —atribuida a Paredes— negociar beneficios a cambio de dinero. El titular del INPE niega que las grabaciones le pertenezcan y afirma que mantiene su presunción de inocencia.
Además, Paredes arrastra una sanción previa de Indecopi por incumplimiento de servicios profesionales cuando ejercía como abogado. Frente a los escándalos que han puesto en cuestión la gestión penitenciaria, el Ejecutivo sostiene que la reestructuración del INPE es prioritaria para recuperar el control institucional y reforzar las medidas de seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.
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