El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que propone crear un nuevo delito por la difusión de información considerada “reservada”, una medida que especialistas advierten podría afectar el trabajo periodístico y el derecho de los ciudadanos a acceder a datos de interés público. La iniciativa forma parte del pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo busca aprobar en 22 materias.
El documento también retoma propuestas impulsadas por anteriores gobiernos, como modificaciones al Código Penal, incrementos de penas y ajustes en la política de seguridad y ejecución penal, sin que en experiencias previas estas medidas hayan generado resultados sostenibles. Analistas señalan que el texto mezcla reformas estructurales con disposiciones punitivas que ya fueron cuestionadas en su momento.
Uno de los puntos más sensibles es que la norma no precisa qué información sería catalogada como “reservada”, lo que podría permitir interpretaciones amplias y limitar investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción o gestión pública. Diversas organizaciones adelantaron que evaluarán el impacto del proyecto, debido al riesgo que representa para la transparencia y la fiscalización del Estado.
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