Una fuerte ola de protestas se ha desencadenado en el Perú tras la publicación del Decreto de Urgencia que faculta medidas que críticos consideran encaminadas a la privatización parcial de Petroperú, incluyendo concesiones de activos estratégicos y la posible participación de operadores privados. Las movilizaciones comenzaron con marchas y plantones en Lima y regiones, y se anuncia que el próximo 20 de enero se realizará un paro y una movilización nacional en rechazo a estas medidas. La protesta ha sido impulsada por sindicatos, colectivos ciudadanos y diversas tiendas políticas que advierten un impacto negativo en los precios de combustibles y la economía familiar.

Los dirigentes sindicales advierten que las medidas permitirían la entrega de terminales y la Refinería de Talara al sector privado, lo que, a su juicio, podría traducirse en mayores márgenes de ganancia para privados y un aumento progresivo en los precios al consumidor. Cuestionan además que, pese a que el gobierno descarta una privatización, concesiones o alquileres también podrían representar un riesgo para la empresa estatal y los intereses nacionales.

Desde el ámbito político, figuras de diferentes bancadas han expresado rechazo. La congresista Martha Moyano ha sido citada afirmando que “ni siquiera en la época de Fujimori se atrevieron a tanto”, refiriéndose a los intentos de privatización de la petrolera estatal en los años noventa, y calificando la medida actual de desproporcionada para una administración de transición. Además, se informó que la gerente general de Petroperú, Rita López Saavedra, había planteado renunciar tras tensiones internas, pero finalmente decidió mantenerse en el cargo, con el respaldo público de la ministra de Economía.