El 3 de setiembre, la Comisión de Justicia del Congreso debatió un predictamen que propone ampliar el delito de “publicación indebida de correspondencia” a correos electrónicos, chats y redes sociales. La medida busca sancionar a quienes difundan mensajes privados sin interés público y que generen perjuicio, con limitación de días libres de hasta 52 jornadas. Sin embargo, la discusión despertó fuertes críticas por el posible impacto en la labor periodística.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) alertó que la norma abriría la puerta a procesos judiciales contra comunicadores, dejando en manos de un juez la definición de “interés público”. Pese a ello, varios congresistas plantearon incluso sanciones más severas, como multas de hasta 5 UIT, lo que llevó a que la votación se postergara para una próxima sesión.
En el debate, surgieron cuestionamientos directos contra los medios. El presidente de la Comisión, Flavio Cruz, defendió la necesidad de actualizar el Código Penal para incluir las comunicaciones digitales. Por su parte, Gladys Echaíz advirtió que la falta de precisión en el concepto de “interés público” podría favorecer a funcionarios cuestionados. En tanto, Alejandro Muñante y Kira Alcarráz acusaron a la prensa de difamar y exigieron sanciones más duras, reflejando un clima de confrontación con los medios de comunicación.
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