El Gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima y Callao, medida que limita el derecho a la reunión y a la protesta ciudadana con el argumento de “restablecer el orden público”. Sin embargo, diversos especialistas advirtieron que la disposición no ataca las causas reales de la inseguridad, como el crimen organizado, la falta de inteligencia policial y la débil respuesta del sistema judicial.
El decreto, publicado este martes 22 de octubre, otorga a la Policía Nacional el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Durante su vigencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, lo que permitirá detenciones sin orden judicial. Pese a ello, expertos en seguridad indicaron que la medida es temporal y poco efectiva sin una estrategia integral de prevención y control del delito.
Analistas y organizaciones de derechos humanos cuestionaron el carácter político de la decisión, señalando que busca contener las protestas sociales más que reducir los índices delictivos. Coincidieron en que el Ejecutivo debería reforzar la capacidad operativa de la PNP y el sistema de justicia, antes que recurrir a medidas de excepción que podrían vulnerar derechos fundamentales.
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