OPERATIVO “LOS CAPIBARAS” REVELA VINCULOS DE POLICIAS CON EL NARCOTRAFICO EN PUCALLPA.

 

El 29 de septiembre, un operativo de rutina en Pucallpa terminó destapando lo que podría ser uno de los casos más sensibles de infiltración del narcotráfico en las filas policiales de la Amazonía. El grupo de intervención “Los Capibaras”, de la Unidad de Emergencia de la PNP, interceptó un camión cargado con 200 sacos de bisulfato de sodio —insumo no controlado, pero clave en la elaboración de pasta básica de cocaína—. Lo que inicialmente parecía una intervención técnica se convirtió, días después, en una investigación que toca los cimientos de la propia institución policial: el camión era escoltado por dos suboficiales activos de la Comisaría de Pucallpa. 

Efraín Gonzales Ribeiro y Nilton César Mamani Apaza fueron vistos en una motocicleta policial siguiendo de cerca al vehículo desde el jirón Grau hasta la avenida Manantay, según los registros de cámaras y el informe pericial. Ambos debían patrullar otro sector esa tarde, pero la evidencia muestra que escoltaban al camión. El copiloto del vehículo, Gerónimo Rivera Palomino, al ser intervenido, intentó persuadir a los agentes alegando que “el comandante ya tenía conocimiento” y que “un vehículo policial los custodiaba”. Incluso, ofreció dinero para “llegar a un acuerdo”, sugiriendo que “los jefes saben que todos reciben”. Aquella frase se transformó en el eje de una pesquisa que ya involucra a oficiales de mayor rango.

El celular de Rivera reveló un intercambio de mensajes con un contacto identificado como “GONSALES”, y una transferencia vía Yape a nombre de “Efraín Gonzales R.”. El propio informe policial del 29 de septiembre confirma que Gonzales y Mamani estaban asignados a otra zona. La Fiscalía sostiene que no se trató de un hecho aislado, sino de una modalidad establecida para garantizar el traslado impune de insumos químicos hacia zonas de producción de droga, como Pucallpillo y Honoria–Atalaya. Sin embargo, la identidad del “comandante” mencionado durante la intervención sigue sin esclarecerse. Una fuente reservada señaló que podría tratarse del actual comisario de Pucallpa, comandante Javier Villanes Torres, quien ha negado cualquier implicancia. 

La tensión creció cuando, el 14 de octubre, el fiscal adjunto Cristian Hilares Salas —a cargo del caso— denunció haber recibido amenazas de muerte minutos después de notificar al suboficial Gonzales Ribeiro en su domicilio. “Sabemos que estás solo. Te vamos a matar”, fue el mensaje. En su acta, el fiscal advirtió que la coincidencia temporal sugiere una represalia directa por su actuación funcional. El hecho ha sido elevado a instancias superiores del Ministerio Público, que evalúan medidas de protección. Hilares, pese a la intimidación, continúa dirigiendo la investigación desde Pucallpa.

El caso se tornó aún más delicado cuando el comandante Villanes remitió una carta notarial al periodista Marcio Pérez, del portal Puka Allpa, exigiendo una rectificación por “afectar su honor y reputación”. El oficial argumenta que tenía licencia médica entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. No obstante, los registros de patrullaje y la cercanía de las rutas del operativo cuestionan la solidez de esa coartada. La carta, más allá del reclamo personal, reaviva un viejo debate sobre el intento de silenciar a la prensa y la fragilidad institucional frente a las redes del narcotráfico en la selva.

El expediente fiscal describe un patrón claro: las organizaciones criminales adquieren insumos bajo fachadas comerciales falsas, simulan legalidad con guías de agro-veterinarias y desvían el material hacia laboratorios clandestinos. La Fiscalía considera que los policías implicados no actuaron como terceros ajenos, sino como parte funcional del esquema. Mientras el Ministerio Público avanza con órdenes de prisión preventiva contra los civiles involucrados, los dos suboficiales permanecen prófugos, y el supuesto “comandante” aún no ha dado la cara. La línea que separa a la autoridad del crimen, en este caso, parece más delgada que nunca.

El operativo “Los Capibaras” puso bajo la lupa no solo la complicidad policial con el narcotráfico, sino también la vulnerabilidad del sistema de control interno de la PNP. Las amenazas al fiscal y la presión sobre la prensa exponen un poder paralelo que se resiste a ser investigado. En Pucallpa, el eco de aquel 29 de septiembre aún retumba: la verdad avanza lentamente, entre la sombra del miedo y la urgencia de limpiar el uniforme de la corrupción.