El poder judicial ratificó la condena contra el expresidente Pedro Castillo únicamente por el delito de conspiración para la rebelión, descartando que los hechos del 7 de diciembre de 2022 constituyeran un golpe de estado. El tribunal concluyó que no se configuró el delito de rebelión debido a que no hubo levantamiento armado ni respaldo de las fuerzas armadas al anuncio de cierre del congreso.
La sentencia impone 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, además de una inhabilitación por dos años para ejercer funciones públicas. La corte determinó que las acciones de Castillo no lograron concretarse como una ruptura del orden constitucional, pero sí representaron un intento concertado para alterar el régimen democrático.
Durante la audiencia, Castillo cuestionó el fallo y calificó la resolución como una “barbaridad jurídica”. pese a sus alegatos, el poder judicial reafirmó la validez del proceso y sostuvo que la pena responde a los elementos probatorios recopilados por el ministerio público. el caso marca un nuevo capítulo en el proceso legal iniciado tras su intento fallido de disolver el congreso.
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