La población del centro poblado Árabe expresó nuevamente su rechazo a la actividad minera en el distrito de Santo Domingo de Anda, al considerar que se trata de suelos con aptitud y uso agropecuario, donde predominan cultivos como café, cacao y arroz. El pronunciamiento social, respaldado por dirigentes locales, sostiene que la oposición a la minería se basa en la defensa del sustento agrícola y del proyecto de vida de cientos de familias dedicadas al campo en esta zona de la provincia de Leoncio Prado.
No obstante, especialistas y representantes agrarios advierten que la defensa de las chacras no puede sustentarse solo en percepciones o evidencias empíricas, sino en respaldo técnico y legal. En ese marco, se plantea como prioridad exigir al Gobierno Regional la implementación de la zonificación forestal y el ordenamiento territorial conforme a la Ley N.° 31973, norma que permite ordenar de manera excepcional predios rurales titulados o con posesión, cultivos instalados o áreas deforestadas, como tierras de uso exclusivo agropecuario, sin exigir estudios complejos a pequeños agricultores y campesinos.
El presidente del Comité de Gestión y Ejecución de la Ley 31973 en Leoncio Prado, Merle Allpas Rodríguez, remarcó que, mientras no se concrete dicho ordenamiento, las tierras de la selva siguen siendo consideradas forestales por la Ley 29763, lo que genera inseguridad jurídica para los agricultores y abre la puerta a conflictos por actividades extractivas. Añadió que la correcta aplicación de la Ley 31973 permitiría proteger legalmente las áreas agrícolas, impedir actividades mineras en tierras cultivadas —tal como lo establece la Ley General de Minería— y garantizar el derecho de propiedad y uso productivo de la tierra para miles de familias rurales.
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