El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que el presidente José Jerí respondió cerca de 30 preguntas durante una diligencia en Palacio de Gobierno en el marco de la investigación preliminar por presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias, relacionados al caso conocido como Chifagate. Tras ello, el mandatario autorizó voluntariamente el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, formalizando ante la Fiscalía su consentimiento para que se acceda a sus registros telefónicos y llamadas como parte de la pesquisa.
Gálvez explicó que la declaración se extendió varias horas y que, además de responder a las preguntas de la Fiscalía, el presidente se comprometió a solicitar y entregar el reporte de sus comunicaciones. La Fiscalía aclaró que no requirió evidencia audiovisual, pues la recolección de ese material corresponde a su propio equipo. La medida surge mientras la investigación continúa para esclarecer las reuniones no registradas entre Jerí y empresarios chinos, foco central del caso.
La investigación sigue bajo la competencia del Ministerio Público para funcionarios con prerrogativas, con posibilidad de ampliar diligencias si fuese necesario. En paralelo, otros implicados, como los empresarios vinculados, son abordados por fiscalías provinciales. Este avance se produce en un contexto de escrutinio político por parte del Congreso y la opinión pública sobre los encuentros cuestionados y la transparencia en la gestión.
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