El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no incluyó en su Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una empresa vinculada a él —a pesar de estar en deuda con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Se trata de Peruval Corp. S.A. con sede en Lima, que registra una deuda coactiva tributaria superior a S/ 12,9 millones y aparece con condiciones de “baja de oficio” y como “sociedad irregular” ante la autoridad fiscal. El candidato solo declaró la versión panameña de esta firma, lo que ha generado cuestionamientos sobre transparencia en el proceso electoral.
Según el reglamento electoral, los aspirantes presidenciales están obligados a revelar todas sus participaciones empresariales, independientemente de su situación tributaria o jurisdicción. La omisión ha motivado que el JNE remita informes de fiscalización al Jurado Electoral Especial para determinar si existió una falta en la declaración jurada de López Aliaga. Además, datos de la Sunat confirman que la deuda coactiva data desde hace años, lo que contrasta con la posición pública del candidato de negar obligaciones pendientes con el fisco.
La investigación periodística también añade que López Aliaga es accionista tanto de la empresa en Lima como de la que opera en Panamá, y que incluso tras renunciar a cargos dentro de Peruval Corp. S.A. de Lima, mantiene sus acciones, mientras que la compañía ha participado en concesiones clave como la del Ferrocarril del Sur. Expertos en derecho electoral señalan que de confirmarse la omisión, correspondería aplicar sanciones o multas de acuerdo con las normas vigentes.
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