La Fiscalía de la Nación dispuso archivar la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros por el incremento del sueldo presidencial, al concluir que no existía mérito penal para formular una acusación constitucional. La decisión fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, quien ordenó el cierre definitivo del caso.
La investigación estaba vinculada al aumento de la remuneración presidencial de S/15.600 a S/35.568 mensuales, aprobado mediante decreto supremo en 2025. Según la Fiscalía, el procedimiento seguido se ajustó a la Ley del Servicio Civil y no se detectaron irregularidades en el trámite administrativo que sustenten una responsabilidad penal.
Con esta resolución, se dispuso también la anulación del registro del caso en el sistema fiscal, dejando sin efecto la investigación. El aumento salarial, sin embargo, generó amplio debate público y cuestionamientos políticos desde su aprobación, pese a que finalmente no derivó en acciones penales contra la mandataria.
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