El empresario Jesús Baca Quispe continúa enfrentando un proceso judicial por la masacre ocurrida en 2022 en Ático, Arequipa, donde murieron 13 mineros durante un enfrentamiento armado entre asociaciones vinculadas a la actividad minera. El caso, investigado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, involucra a más de 50 personas, entre ellas empresarios formales sin antecedentes penales.
Según la tesis fiscal, Baca Quispe habría sido el presunto financista del conflicto, aportando dinero y recursos para el enfrentamiento. Sin embargo, su defensa sostiene que no existen pruebas concretas que lo vinculen con los hechos, ya que no se han encontrado registros de transferencias, comunicaciones ni coordinación con los autores materiales. Además, testigos protegidos no habrían logrado identificarlo durante las audiencias, lo que debilitaría la acusación.
El empresario cumple actualmente prisión preventiva mientras insiste en su inocencia y asegura que el día de la matanza se encontraba en la ciudad de Arequipa por el nacimiento de su hijo. Su defensa también denuncia presuntas irregularidades en el proceso, como inconsistencias en pruebas y diligencias, por lo que el caso sigue generando debate sobre la solidez de las investigaciones y la identificación de los verdaderos responsables.
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